El año pasado, en pleno contexto de pandemia, nos acercamos a conocer a Isabel Catriman y su familia, porque nos habían informado que atravesaban por una situación de injusticia y vulnerabilidad de sus derechos. Nos contaron entonces que Luciano Freeman decía haber vendido el campo a Nahuel Serra y Alejandro Samame con ellos adentro. Ante esto Isabel expresaba “nos querían hacer firmar papeles que no sabíamos que eran”, “quedamos encerrados en nuestro propio campo”. Isabel sabía que Freeman no podía vender lo que no le pertenecía. Desde el día que le comunican Isabel que se tiene que ir del lugar en el que ella vive hace más de 20 años, tanto Freeman como Serra y Samamé comparten el mismo interés: la firma de la comunidad mapuche-tehuelche Catriman-Colihueque cediendo sus derechos. 

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Esta práctica de despojo, tan común años atrás, sigue operando en el presente, en los márgenes oscuros de un tipo de legalidad. Un mecanismo que, a lo largo de los años, se fue refinando e institucionalizando dentro y en los alrededores del aparato judicial. ¿Cómo ciertos discursos (y no otros) devienen documentos y registros con potencial jurídico? ¿Quiénes y cómo utilizan eficazmente las citas de un discurso burocrático y hegemónico para invertir las interpretaciones mapuche sobre los hechos? ¿Cómo los empresarios Samame y Serra creen poder deslegitimar la posesión territorial de Isabel a pesar de que su familia es la única que habitó continua y efectivamente en el territorio hace más de veinte años?   

Cuando el conflicto es sobre un territorio mapuche, la historia siempre se remonta a una convivencia regulada sin papeles (a veces hablamos de principios del siglo XX, pero otras veces apenas de unos años atrás). En estas historias, el “campo abierto” remite a ese tiempo en el que primaba el acuerdo oral de palabra entre quienes iban llegando y se iban organizando en el lugar. La historia de Catriman-Colihueque no es muy diferente. Hace un poco más de veinte años atrás, Isabel y sus hijos llegaron al territorio de Laguna El Martillo para cuidar allí sus animales, construir su casa y hacer una huerta. Este arribo fue un acuerdo de palabra con Lucio Freeman, quien, a pesar de estar solicitando permiso de ocupación en un terreno fiscal, no tenía pensado dejar de vivir en su domicilio. Quienes ocuparon efectivamente el territorio en Laguna Martillo fueron Isabel Catriman y sus hijos, Ernesto –fallecido hace unos años—y Gloria Colihueque.

Sin embargo, el 23 de enero del 2020 aparece un papel. Se llama “Resolución 03 del IAC (Instituto Autárquico de Colonización)” y “consta”, por un lado, la toma de razón de la escritura de la donación de las tierras de Lucio Freeman a su único hijo y heredero Luciano Freeman, resultando adjudicatario de una superficie aproximada de 844 has; por el otro, la anuencia previa a favor de este para que ceda, venda y transfiera los derechos y mejoras de dicha superficie a favor de Sayi Fabiana Serra, Alicia Marcedes Bordas y Martin Famulari (hermana de Nahuel Serra, madre de Alejandro Samame y amigo de ambos, respectivamente). Parece que son varios los vicios administrativos en los que incurrió el IAC con esta resolución, como por ejemplo, no haber realizado la inspección del territorio que debe llevarse a cabo antes de cualquier cesión (si ese “papel” existiera tendría que informar que las únicas mejoras que hubo en el campo son las de Isabel y sus hijos).

Los Freeman, los Serra y los Samame mostraron tener más privilegios para producir ese primer “papel” donde una oficina del Estado escribe, firma y sella su versión de la historia como la única verdad sobre los hechos.

El 6 de marzo del 2020 llegan unos hombres, presentados como Nahuel Serra y Alejandro Samame, acompañados de sus abogados y un escribano, a la casa de Isabel. Allí le dijeron a la anciana que ellos eran ahora los dueños de ese  territorio, que ella no tenía “nada que ver con esa tierra”, que no tenía ningún derecho en el lugar, que tenía prohibido cerrar con candado y que tenía que irse de allí. Isabel recuerda e imita sus ademanes agresivos, los gritos y la prepotencia con la que trataron de increparla para que firme un papel. No obstante, como este atropello no alcanzó para que Isabel y su familia se fueran del territorio, la contienda se trasladó al plano de los discursos públicos y de los expedientes judiciales. El grupo de Samamé y Serra empezó a producir –con mucha dedicación y estrategia— cartas documento y denuncias penales (Muzzopappa y Villalta, 2011) para introducir una versión que, de otra manera, no tenía forma de materializarse en papeles. Primero, debían coordinar esfuerzos para instalar ciertas categorías en los discursos públicos y, segundo, fijar sus sentidos para monoacentuar sus valores interpretativos. Esto era importante porque, como todos sabemos, los significados circulantes son los que atraviesan los usos de las palabras políticas y jurídicas. Con este efecto, el padre de Alejandro Samame, exprocurador fiscal, colaboraba en entextualizar públicamente la  idea de que Isabel es una “intrusa”:

Le repito, si no están de acuerdo con la conducta… mejor dicho, que verifiquen que… que no son agredidas, y si se siente incómoda, eh…cualquier huésped que es mal agradecido, se va a la casa

(Entrevista a Eduardo Samame, exprocurador fiscal, Radio Nacional Esquel, 2020).

En simultáneo, esta misma idea fue abonada por Máximo Peréz Catan, presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la Provincia de Chubut (IAC), quien, en una entrevista radial, decía: 

(…) antes de formalizar la adjudicación transferida a los nuevos propietarios hay una serie de trámites que cumplir, no son muy rigurosos pero sí, que todavía tienen acá en el IAC tienen algunas cosas que  cumplimentar. Pero lo de la presencia de esta señora para el IAC es absolutamente desconocido, lo que el señor Freeman pudiera haber hecho de autorizar a esta persona a estar ahí o de contratarla para algún tipo de tarea o de permitirle vivir en su propiedad la verdad es que es un acto privado que nosotros desconocíamos y que nunca fue denunciado en el expediente (…)  en realidad hay algo que nosotros vamos a tratar de verificar mediante una inspección porque en realidad la permanencia de estas personas dentro de esa tierra fiscal para nosotros es una novedad.

(Entrevista a Máximo Pérez Catan, presidente del IAC,  Radio Nacional Esquel, 2020). 

Cualquier persona que hoy visite a Isabel en su casa regresa con la plena certeza de que su familia hace muchos años vive en el lugar. Sin embargo, el IAC, un ente supuestamente encargado de realizar inspecciones especializadas en tierras fiscales, declara que no sabe de la ocupación de Isabel durante estas dos décadas.

El expediente de la causa “Catriman, Isabel C/ Samame, Alejandro y otro S/Interdicto de Retener posesión” cuenta ahora con un documento llamado Resolución 03 del IAC. También dispone de una red intertextual pública que apoya y sostiene que Isabel es una intrusa. De este modo empezó a rodar el encadenamiento judicial, puesto que fiscales, policías y empresarios, en sus sucesivas notas, informes y documentos, citan la resolución 03, definen a Isabel como “intrusa” y llaman a Samame y Serra “dueños”. Luego es fácil, se empiezan a citar entre sí, documentos que ya se citaban entre sí…. La madeja, convertida en expediente, produce la alquimia: una idea creada desde la desigualdad y el prejuicio empieza a parecerse a un hecho “documentado” y “probado”.

* Esta nota se complementa con las siguientes notas sobre Lof Catriman-Colihueque:

–La producción de la categoría “mapuches violentos”: la complicidad de la fiscalía y las fuerzas de seguridad 

–Reflexiones sobre los expedientes de la Lof Catriman-Colihueque

Referencias bibliográficas

Muzzopappa, M.E. y Villata, C. (2011) Los Documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista Colombiana de Antropología, vol. 47, núm. 1, 2011, pp. 13-42.

Roseberry, W. (2007 [1994]). Hegemonía y el lenguaje de la contienda. En Lagos, M. y Calla, P. (Comp.). Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. Cuaderno del Futuro n.º 23 (pp. 117-137). La Paz: indh/pnud.