Víctimas y violentos

Ciertas élites locales –con motivaciones económicas para renovar discursos racializados y supremacistas—vienen desarrollando campañas mediáticas e intervenciones políticas con el fin de instalar la idea de que los mapuche son violentos. En sintonía con estos discursos –fuertemente defendidos por algunos funcionarios y ex-funcionarios de gobierno, por sectores de la Sociedad Rural o por la Fundación para la Naturaleza del Futuro (FUNAFU)^**–, los empresarios de la sociedad comercial denominada Los Tercos S.R.L^***, Nahuel Serra y Alejandro Samame, crearon su propio texto. Un texto que, al encriptarse en forma de “denuncia” y “acusación”, adquirió fuerza propia para orientar los sentidos de la contienda en los expedientes. Serra y Samame aparecen como las “víctimas”, mientras que la familia de Isabel –incluso las personas que los visitan o los ayudan—son progresivamente definidos como “agresivos” y “violentos”:

“Nosotros somos dueños del campo, estamos muy preocupados, porque los vecinos nos hicieron saber que esta persona ha prendido fuego dentro del Parque Nacional Los Alerces, de lo cual desconozco si es verdad, solo son dichos de los vecinos, y de ahí surge nuestra preocupación hacia nuestros empleados”

(Denuncia penal. Realizada en la comisaría por Facundo Serra y Alejandro Samame, 24 de mayo 2020)

El 11 de diciembre del 2020 se suma otro documento al expediente: la acusación pública de la Fiscalía. En este palimpsesto de escritos se presenta a Gloria, su tío Gregorio y su chofer (un vecino de Esquel que les hace los fletes) como los “acusados”, mientras Nahuel Serra, Alejandro Samame y un grupo de hombres que llegaron con ellos al campo de Isabel (Roberto Eduardo Rodríguez Cocco, Pablo Leonardo Díaz, Audiencio Díaz y Gastón Lucas Marchan) son nombrados como las “víctimas”. En este documento la palabra “víctima” aparece escrita más de 20 veces para referir al grupo de Serra y Samame. Lo más interesante de este escrito es la estrategia discursiva que define sin sutilezas a los buenos y a los malos. Los seis o diez hombres –según las versiones—que entraron al campo de Isabel aparecen en el texto teniendo siempre una acción pasiva, temerosa y afectada; mientras las acciones de Gloria, su tío y el chofer se presentan en toda circunstancia como extremadamente violentas. Citamos textualmente algunas de estas expresiones usadas en el escrito: 

– [con respecto a Samame, Serra y sus acompañantes] “suplicaron que no los maten”, “sintiendo la víctima absoluta dominación y mucho terror”, “logra esconderse y mantenerse a resguardo”, “sintió mucho miedo”, “refiere a sí mismo el temor que le causa la situación”, “refiere su estado de desprotección hacia su persona”, “esa situación fue traumática y tuvieron mucho miedo”, “la situación los afectó tanto económica como psicológicamente”, “tengo miedo”, “la situación en particular lo afectó”, “no pudo conciliar el sueño”, etc.

– [con respecto a las acciones de Gloria, su tío y su chofer] “interceptaron”, “colisionándolo”, “dañando el vehículo”, “forcejea”, “arma de fuego”, “revólver”, “calibre 22”, “con balas”, “diciendo que no saldrían con vida del lugar”, “dándole patadas”, “apuntándole con el arma”, “te voy a matar”, “los voy a matar a todos”, “si no lo hacían los iba a matar de todas maneras”, “accionar violento”, “los traslada a un descampado”, “haciendo ademanes con el arma como para dispararles”, “fusilamiento”, “empuñando el arma de fuego”, “amenazarlos”, “que iba a matar a sus familias y a sus hijos”, “arrojar por un barranco”, “tiraría al fondo del río”, “amenazas de muerte”, “un ademán con su mano, como que ‘les iba a cortar el cuello’”, “iba a hacer un pozo de cinco metros e iban a enterrar a cualquiera que pasara por allí”, “amenazó a sus hijos, sus padres, su esposa”, etc. Gregorio Cayulef, un hombre de más de 65 años, aparece “blandiendo un cuchillo, de grandes dimensiones, tipo Eskiltuna, profiere amenazas de muerte a los presentes”. Gloria Colihueque, de aproximadamente 35 años y de menuda constitución física, aparece con “el arma en su mano” mientras “abre la tranquera y mediante amenazas le refiere a Samame que se irían todos menos él”.

Aclaramos que nunca se encontró el arma, que Gregorio afirma no haber estado nunca en esa escena, que el cuchillo que encontraron en la casa de Gregorio es el que este siempre usa en su cintura para las faenas del campo, que Gloria afirma que nunca tuvo un arma en su poder, que ninguno de los hombres de Samame y Serra pudieron probar heridas, rasguños u otro tipo de daño. Y sobre todo, que la versión de Gloria sobre los hechos es muy diferente a la que sostuvieron de forma tan sospechosamente coordinada esos seis hombres. Sin embargo, en los expedientes, este es el único “hecho de violencia” que fue exitosamente inscripto y rubricado.

La inclusión unilateral de este tipo de documentos en el expediente –denuncias policiales y acusaciones de fiscalía– también evidencia las asimetrías y desigualdades que vive la familia Catriman-Colihueque. La violencia solo puede ser probada por quienes logran inscribirla en algún papel con membrete oficial, producido y rubricado por agentes institucionales. Los únicos que pueden definir “acusados” y “víctimas” son quienes tienen poder para producir un documento autorizado, es decir, con la fuerza legitimadora de lo estatal.

Como ya sostuvimos en otras ocasiones (ver nota La historia de Isabel Catriman), las connivencias entre determinados dispositivos estatales y los intereses de los privados continúan perpetrando abusos, engaños, arrinconamientos y despojos. Al coordinar sus actividades, funcionarios y privados utilizan con profundo conocimiento local lo que hemos llamado, entonces, un circuito de “legalización de engaños”.

En este marco de procedimientos, queremos mostrar cómo el hecho de que Gloria Colihueque termine siendo la “acusada” en los expedientes judiciales es el resultado de una estrecha complicidad entre fiscales, policías y empresarios. Desde otro ángulo, nos preguntamos ¿Por qué solo Serra y Samame logran documentar un episodio como un “hecho de violencia”?

Para responder esto debemos recordar que Isabel, Gloria y Gregorio intentaron denunciar en varias oportunidades los actos violentos de Serra y Samame o de las personas relacionadas con ellos, pero que sus denuncias no solo fueron difíciles de inscribir, sino que, además, ninguna dio curso a alguna intervención de fiscalía.   

Las no-denuncias y sus no-eventos

El 6 de marzo, cuando Nahuel Serra y Alejandro Samame amenazan a Isabel en su casa, y tratan de obtener su firma en un papel con la participación de sus abogados y un escribano, el trato hacia la anciana –que estaba sola– fue agresivo, prepotente y amenazante. Mientras estos hombres la  instaban violentamente a firmar y abandonar el territorio, Isabel llamó a su hija Gloria porque le había subido la presión y se sentía físicamente muy mal. Antes de dirigirse al campo a buscar a su mamá, Gloria fue a hacer la denuncia para que la policía pudiese encontrar a los agresores adentro del territorio.  

“La policía primera de Esquel me dice que ellos no podían tomar la denuncia porque la jurisdicción es hasta el puente rojo. Que me vaya a Trevelin. Bueno, me fui a Trevelin, allá me dicen que no, porque ellos tenían jurisdicción hasta la portada del Parque. Que me vaya a Gendarmería de Parques Nacionales”. En la Gendarmería, continúa Gloria, “yo le digo todo lo que había pasado, que me habían tratado mal, que quería saber cómo estaba mi mamá, que por favor me acompañaran porque quería saber el estado de salud de ella, por el tema de la edad, que estaba medicada… Bueno, primero me dijeron que no y cuando les pedí por favor me dijeron: ‘bueno vamos a ir solo por el tema de salud de su mamá’”. Cuando llegaron al campo, los hombres ya se habían ido. La Gendarmería no tomó la denuncia a Isabel porque el fiscal de turno les dijo por teléfono que no lo hicieran ese día porque Isabel estaba nerviosa.

Al día siguiente, Gloria e Isabel pasan por Gendarmería para hacer la denuncia que no habían podido hacer el día anterior. El gendarme esa vez “escribe” y les dice que la denuncia iba a ser enviada a Fiscalía y que de allí las llamarían para ampliar declaraciones. Eso nunca sucedió.

A los diez días, el 17 de marzo, Samame volvió al territorio, esta vez cortando directamente el candado. Ese día Gregorio estaba solo en el campo y le avisa a su sobrina. Cuando Isabel y Gloria llaman por teléfono a Gendarmería les comunican que tienen que ir en persona para hacer la denuncia. Al llegar a la oficina, le dicen que el que tiene que ir en persona para hacer la denuncia es su tío Gregorio. Lo fueron a buscar al campo e hicieron la denuncia. El gendarme “escribió” y volvió a decir que el “papel” pasaba a Fiscalía, desde donde los llamarían. Esto tampoco ocurrió.

El 20 de abril, Alejandro Samame vuelve a entrar en el territorio con otros seis o más hombres entre familiares, arquitectos y otros trabajadores. Gregorio e Isabel se alarmaron porque estaban haciendo fuego sin permiso, muy cerca de su casa, y un día que corría mucho viento, pero además porque, desde los episodios anteriores, la presencia de esos hombres era vivida como una amenaza. Gloria, quien iba en una camioneta que le hacía los fletes, se encontró a “la mitad de la bajada del camino” con ellos, quienes se distribuían en dos camionetas. Gloria recuerda que tuvieron una fuerte discusión verbal entre ella y Alejandro Samame (“yo estaba muy enojada porque él había venido a maltratar a mi mamá, ella es una persona grande y no es justo que entren así y se crean que por ser hombres nos pueden maltratar”). Gloria nos sigue contando lo siguiente:  

“Ellos dicen que yo fui a la camioneta a buscar un arma, pero yo nunca fui a la camioneta. Siempre me quedé ahí. Vi que ellos apuntaban con algo, no sé si era un arma o un teléfono. Pero entonces yo agarro y saco mi celular y les saqué fotos a las patentes. Dos fotos, a la patente de la camioneta de él y a la del otro que estaba ahí. Luego de la discusión queríamos hacer la denuncia sobre todo lo que había pasado ese día, pero la policía nos detuvo desde las 20 hs hasta las 24 hs allá en la ruta. Cuando llegaron ahí nos dicen ‘no le podemos tomar la denuncia, me dicen, porque el comisario de Trevelin anda en una comisión’… el comisario de Trevelin estaba acá, acá era la comisión (…)  Pero sí sacaron ahí mismo todas las órdenes de allanamiento firmadas por el juez Criado, eso sí hicieron.”

“Mientras nos detenían en la ruta se presentaron la policía primera, la policía de Trevelin, gendarmería… Todos, supuestamente no tenían jurisdicción pero se presentaron todos, todos juntos acá adentro del campo a la noche (…) Nos hicieron el allanamiento a la camioneta, me tiraron todas las cosas a mí, me hicieron sacar la ropa, las zapatillas, todo, me dejaron en ropa interior. Nos tomaron las huellas digitales y nos sacaron fotos a mí y a San Roman (el chofer). Luego fuimos a la comisaría para hacer la denuncia y el comisario nos dice que por orden del fiscal nos tenían que llevar al hospital porque, me dice, ‘ustedes nos van a culpar que nosotros les pegamos’. Me revisaron toda, no encontraron nada. Cuando nos dieron el certificado la policía nos dijo ‘ahora están en libertad’. Recuerdo que el médico del hospital les dijo: ‘estamos en plena pandemia, cómo lo van a traer acá por una pavada’. Así le dijo el médico. Y de ahí volvimos a la comisaría hacer la denuncia. Eran las dos de la mañana y todavía no habíamos podido hacer la denuncia”.   

“Ahí nos atendió un jefe que estaba de guardia, porque siempre hay uno que está de guardia. Bueno ahí nos dijeron que sí, que nos iban a tomar la denuncia. Nos sentamos, empieza a escribir, y dice ‘no, no voy a poder tomar la denuncia porque me dice mi jefe que no la puedo tomar’. Él ya había empezado a escribir. Y le digo ¿‘quién es tu jefe’? y no nos quiso decir. Después dice, ‘el fiscal llamó a mi jefe y le dijo que no podemos tomar la denuncia’. Y ‘¿quién es el fisca?’, le digo, ‘El fiscal Moré dice que vayan mañana a las 9 de la mañana que él los va a esperar para tomarles la denuncia en tribunales’ (…) El fiscal que efectivamente estaba de turno a la mañana siguiente no era More sino… creo que era Richeri… que nos dice que la policía tendría que habernos tomado la denuncia anoche. Fue a preguntar, volvió y dice: ‘no, hoy el fiscal More no trabaja porque ayer estuvo de turno. Yo voy a llamar a la policía para que les tome la denuncia’. Ahí llamó a la policía y ahí nos tomaron la denuncia. Tampoco pasó nada con esa denuncia”.

El evento que sí devino expediente

Ese mismo 20 de abril en el que Gloria estaba detenida en la ruta, Facundo Nahuel Serra va a la Comisaría de Policía Primera de Esquel y denuncia que su socio había sido echado del campo a punta de pistola y que temía por la vida de Alejandro Samame y su tío. También el 20 de abril, el fiscal de turno informa a la policía que tienen que hacer allanamientos en el lugar. Ese mismo día la policía escribe su acta de intervención donde cuenta que se constituye en el lugar y registra lo que le cuenta Alejandro Samame, finalmente constata la ubicación del lugar con una foto satelital (notemos que, por segunda vez, la versión de Samame se inscribe sin más evidencia en un texto del expediente). Cuando la policía llega ese día al campo de Isabel ya se encontraba Gendarmería en el lugar. Esa misma noche, mientras Gloria está detenida en la ruta, la policía hace “el registro, allanamiento y requisa” para encontrar el arma, pero no la encuentran. Antes de terminar el día, se redacta un nuevo documento: la prohibición de acercamiento ordenada por el Juez Jorge Alberto Criado (Gloria ya no puede asistir a su mamá en el territorio). Al día siguiente, 21 de abril del 2020, se lleva a cabo una inspección ocular en el predio de Isabel con presencia de personal policial. Se constata la presencia de los imputados San Roman y Gloria, quienes según el escrito, estaban desobedeciendo la orden de prohibición de acercamiento (aun cuando estaban siendo notificados en ese mismo momento). En esa inspección se secuestra el cuchillo que Gregorio siempre ha usado en el campo y el cual “portaba en su cintura al momento de la diligencia”.  El 22 de abril, Alejandro Samame hace una denuncia formal porque el día de la inspección ocular, cuando Gloria y su chofer lo cruzan con la camioneta, bajan la ventanilla y hacen “una seña de amenaza como que les iba a cortar el cuello, violando además la restricción que pesaba sobre sí y hacia su propiedad”.

En solo dos días, los empresarios produjeron una gran cantidad de documentos rubricados. En su conjunto, estos documentos crean el evento real, lo que verdaderamente sucedió. La evidencia son los mismos documentos que se produjeron ese día, documentos que, al citarse entre sí, olvidan que la única fuente de todos ellos es la voz de Samame. Documentos que, al ser rubricados, borran el recuerdo de que había otra potencial pero ya inaudible versión sobre lo sucedido. Por arte de magia, esa otra versión solo se escucha como ruido inarticulado.

Finalmente, el 11 de diciembre del 2020 una funcionaria de la Fiscalía de Esquel realiza, bajo la supervisión de la Fiscal General María Bottini, la acusación Penal contra Gloria Colihueque, su primo Gregorio Cayulef y Héctor San Román (el chofer). El documento con el que empezamos esta nota.

El 26 de diciembre del 2020, Gloria recibe una comunicación procesal, en la que es citada para comparecer a la Oficina Judicial penal de Esquel a fin de intervenir en la audiencia preliminar, con el juez Jorge Alberto Criado. Se entera entonces que está siendo acusada y que la Fiscalía pide tres años de prisión para ella, y uno y medio para su tío Gregorio. En marzo de este año se lleva a cabo la audiencia, en la que la fiscal Bottini rechaza por abusivo el argumento de la defensa desde la perspectiva de género. El juez en aquella ocasión da curso a la causa penal.

Habiendo terminado de reconstruir en detalle la historia acerca de cómo se fue creando un expediente, nos preguntamos… ¿Cuándo llegará el día en que sean estos procedimientos –y sus gestores– los que se encuentren en el banquillo de los acusados? La criminalización de Gloria y su tío Gregorio complica el proceso de defensa del territorio y deja a Isabel en una situación de mayor soledad… Una antigua y conocida metodología de despojo.

* Esta nota se complementa con las siguientes notas sobre Lof Catriman-Colihueque: La producción  de la noción de “intrusas”: la complicidad del IAC y Reflexiones sobre los expedientes de la Lof Catriman-Colihueque

** “Con la participación de los estudios jurídicos más fuertes que operan en el país y lobistas especializados, capitales privados locales y trasnacionales formaron una coalición para la defensa irrestricta de la propiedad privada de la tierra urbana y rural en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. La Fundación para la Naturaleza del Futuro (FUNAFU) creó el proyecto “Propiedad privada Patagonia” (PPP) que se atribuye la intervención exitosa en el desalojo express del lof Gallardo-Calfu el 19 de octubre pasado en el paraje El Foyel, zona andina de Río Negro, como la primera acción de la nueva Liga Patriótica.” (Susana Lara, 28 de febrero del 2021, https://www.elcohetealaluna.com/los-cruzados-de-la-patagonia/)

***Sociedad destinada a la explotación, producción y comercialización ganadera y agrícola, así como a la minería (ver Boletín oficial, pág. 11 en: http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Mayo%2020,%202019.pdf).