El Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) comunica su profunda preocupación por las múltiples denuncias que ha recibido de miembros de pueblos indígenas en la provincia de Formosa en el marco de las medidas adoptadas por las autoridades provinciales en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Las denuncias hacen referencia a que las personas que son aisladas en los Centros de Atención Sanitaria dispuestos por la provincia padecen de una serie de atropellos como ser la falta de información, el no requerimiento de su consentimiento, hacinamiento, hambre y maltrato. A su vez se manifiesta que no se respeta el distanciamiento necesario entre los casos que dieron positivo al test PCR y aquellos que aún no se les confirmó el resultado exponiéndolos al contagio.

Asimismo, hemos recibido testimonios respecto del bloqueo de calles de algunos barrios, como en el Barrio Namqom, para limitar la libre circulación resultando en una medida excesiva y discriminatoria dado que no ha ocurrido lo mismo con otros barrios de población no indígena.

Dicho bloqueo ha llevado, por ejemplo, al reclamo de los miembros wichi en la localidad de El Chorro por no poder cobrar sus haberes, manifestación que ha sido respondida con represión y persecución por parte de la policía de Formosa. Accionar policial que ha sido denunciado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local. Esta represión se suma a otros hechos de violencia por parte de la policía de Formosa contra miembros de los pueblos indígenas como los padecidos por los miembros qom del Barrio Namqom en el año 2002 y por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh en el año 2010.

Nuestra preocupación se extiende ante la detención de quienes han denunciado también que en dichos centros de aislamiento se prohíbe salir a las personas que arrojaron resultados de hisopado negativos y que no se dispone del distanciamiento necesario entre los casos positivos y negativos.

El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, en el mismo sentido, ha manifestado: “Con profunda tristeza vemos una vez más los testimonios y pruebas que nos llegan desde el territorio, videos, audios y fotos que son desgarradoras. Sentimos una gran indignación e impotencia por el uso y abuso de autoridad con la excusa de las restricciones por el Covid y la pandemia mundial”.

Estas denuncias se suman a las que el equipo ha recibido durante el año 2020 en el marco de la investigación que llevamos adelante para elaborar el Informe Impacto Social y Propuestas de los Pueblos Originarios Frente al Aislamiento Social Obligatorio por Covid-19 (https://gemasmemoria.com/2020/06/03/segundo-informe-red-gemas/). En dicha oportunidad comunicamos que “La percepción general de lxs entrevistadxs respecto a las medidas adoptadas por el COVID-19 es que no ha afectado significativamente sus vidas. El temor mayor se circunscribe al accionar policial y al impacto en el acceso al trabajo. Sin embargo, surgieron, mayoritariamente, reclamos respecto a las dificultades estructurales en las que desarrollan sus vidas así como las situaciones de discriminación que padecen por autoreconocerse como población indígena”. En las palabras de uno de nuestro interlocutores: “El indígena no está asustado por el virus. Los problemas son discriminación, injusticia, maltrato”.

Las medidas restrictivas que vienen sosteniendo las autoridades provinciales han acentuado el sufrimiento que padece la población ante las consecuencias propias de la pandemia. Cabe recordar que en octubre del año pasado ante la negativa oficial de que Mauro Ledesma pudiera regresar a reencontrarse con su mujer e hija de 3 años, a quienes no veía desde hacía ocho meses, el joven decidió arriesgarse y cruzar a nado el río Bermejo ahogándose en su intento. Asimismo, en noviembre del 2020 Amnistía Internacional denunció que 7500 personas llevaban meses sin poder regresar a sus hogares por la prohibición provincial de que ingresaran a la provincia. Ante dicha denuncia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó que la provincia garantizara que las personas pudieran ingresar al territorio, con cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes. En dicho fallo la CSJN hizo referencia a la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada COVID-19 y Derechos Humanos en la cual sostiene que “Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”.

Nos hacemos eco de dicha declaración y exigimos el trato humano para la población formoseña y en particular para los pueblos indígenas que allí habitan quienes no solo deben enfrentar problemas estructurales históricos sino las consecuencias y temor que produce la pandemia.

Imágenes de miembros wichi de las comunidades Palmarcito y San Miguel de la zona de María Cristina, departamento Ramón Lista, provincia de Formosa reclamando por sus familiares aislados en los centros de atención sanitaria