Reflexiones antropológicas después de un fallo judicial (el caso de la lof Catriman Colihueque)

Dra. Ana Margarita Ramos (profesora de la UNRN; investigadora del CONICET)

Hoy concluyó el juicio iniciado por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Esquel en la que se acusaba del delito de  amenazas agravadas por uso de armas –junto con privación de la libertad y desobediencia– a Gloria Colihueque y Gregorio Cayulef de la Lof Catriman Colihueque (Laguna El Martillo, Chubut). Fuimos muchxs lxs que escuchamos atentamente la sentencia de la jueza de la Cámara Penal, Dra. Carina Paola Estefanía, en el cual prolijamente reunió los testimonios, la documentación y los diferentes artículos de las legislaciones para concluir la inocencia y la absolución de todos los cargos que imputaban a Gloria y Gregorio. Al respecto, quisiera resaltar algunas de las afirmaciones con las que la jueza fue enmarcando los sentidos de lo que allí –en esa audiencia, y en la lectura de ese fallo específico– se estaba poniendo en discusión y lo que no, con el propósito de hacer algunas reflexiones antropológicas. 

En primer lugar, su texto reúne las voces de las víctimas y los imputados, los dichos de funcionarios (de distintas instituciones del Estado) y de los testigos, reconstruyendo la narrativa de los eventos en una cuidadosa reconstrucción intertextual. En esta co-presencia de los discursos –argumentos, testimonios y relatos de experiencias vividas– su sentencia no sólo habilitó los discursos de lxs miembrxs de la lof mapuche que habían sido desplazados, sino que también propició, en el desarrollo del texto, condiciones más equitativas de intercambio. Este trabajo metacomunicativo –que implica no solo producir un discurso sino también el evento en el que se lo va a inscribir– es una responsabilidad de quienes tienen “el poder de hacer cosas con sus palabras” (Austin 1990). Tal como sostuvo la jueza al finalizar su discurso, cuidar los lenguajes que utilizamos es un modo de construir formas de convivencia menos discriminatorias y prejuiciosas (“para no profundizar aún más esas prácticas discriminatorias e incrementar la violencia”). 

Lo que quisiéramos subrayar del texto de la sentencia es su apreciación sobre los informes antropológicos en el transcurso de un juicio en el que están involucradas personas de los pueblos originarios. Tal como sostuvimos al final de nuestro informe, y repetimos en la exposición oral, no hace falta ninguna evidencia o texto autenticador para afirmar que los miembros de la Lof Catriman Colihueque son mapuche. El mismo Estado supo reconocer que el criterio de autoadscripción es suficiente. Asimismo, y en la misma dirección, ningún documento académico ni burocrático tiene la facultad de rubricar o refutar la veracidad de la existencia de una lof o comunidad indígena. Sin embargo, las puestas en sospecha de la legitimidad de ciertas personas como “auténticos mapuche” se esgrimen como argumentos, al día de hoy, en numerosas salas de audiencia. En este marco, que la jueza Estefanía haya sostenido en su sentencia que no hacía falta un informe antropológico que reconstruya los árboles genealógicos de las familias Catriman Colihueque para confirmar que Isabel, Gloria y Gregorio son mapuche es una afirmación que modifica presupuestos arraigados y revierte prejuicios de larga data. Por eso, sostuvo también que este litigio debió contemplar los derechos indígenas vigentes en Argentina y en la provincia de Chubut, y señaló la falta de “perspectiva indígena en los/as funcionarios/as que representan al Estado en distintos organismos públicos respecto del trato que le propiciaron la imputada en cada oportunidad que pretendió ejercer los derechos”.

Creemos que es esta una excelente oportunidad para repensar nuestros respectivos roles profesionales en el desarrollo de los juicios que involucran a los pueblos indígenas. La Antropología –la Historia o cualquier disciplina convocada como experticia– no debería ocupar funciones de autentificación de “creencias” ni de evaluación de su carácter tradicional (Povinelli 1995). Además de no tener asidero jurídico, esta práctica alimenta las desigualdades. En esta misma línea, para hablar de conocimientos, saberes y filosofías (aquello que suele mal llamarse “creencias”), los pueblos indígenas tienen sus propios sabios y especialistas (kimche, pillan kushe, lonko, machi, lawentuchefe, ngpin, etc.). 

De todos modos, y dirigiéndonos particularmente a nuestros estudiantes de Antropología, también creemos que el abordaje y el trabajo antropológico pueden ser útiles en los procesos de desacuerdo, disenso y/o conflicto –incluidos los jurídicos– en, al menos, tres direcciones: a) cuando los procedimientos metodológicos de la etnografía se aplican con rigurosidad y compromiso social pueden ser una importante colaboración para los trabajos colectivos de reconstrucción de memorias, territorialidades y otros textos comunes; b) en tanto la Antropología se especializa en poner en contexto histórico y enmarcar en sentidos locales los eventos, las prácticas y las relaciones, aporta a la comprensión de lo informal, del sentido común y de prácticas en apariencia desconectadas; c) puesto que la Antropología también se preocupa por identificar presupuestos etnocéntricos o desigualdades naturalizadas para poner en discusión los prejuicios sociales –incluidos los de la misma Antropología–, también puede ayudar a deconstruir procesos de subordinación más o menos evidentes.  

Hoy la jueza que sentenció la absolución de Gloria y Gregorio, sentó un doble precedente: (1)  para que otros juzgados no pongan en duda las pertenencias de las personas, y (2) para que la misma sociedad cuide sus vocabularios y tenga responsabilidad enunciativa.

Foto: Angel Giovanni