Por Florencia Yanniello y Sofía Sendyk

Luego de tres meses de intensas audiencias culminó el lunes 28 de mayo el segundo juicio a la lof Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, Bariloche. En esta jornada, se escucharon las palabras finales de lxs acusadxs y el veredicto del juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de General Roca. Todxs lxs integrantes de la comunidad fueron declaradxs culpables por el delito de usurpación, con condenas que fueron de un año -las mínimas- a dos años y cuatro meses -las máximas-, todas con prisión en suspenso. Además, se les impusieron una serie de reglas y restricciones que deben cumplir durante ese periódo. La defensa había pedido la absolución para todxs y la devolución del rewe -espacio ceremonial sagrado- a la comunidad.

El juicio se desarrolló desde sus inicios de manera virtual y para esta última jornada la comunidad se reunió en la ruka mapuche de San Carlos de Bariloche -en donde varixs de ellxs cumplieron prisión domiciliaria- para hacer sus declaraciones. Se acercaron también a presenciar esta instancia del juicio organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos, que acompañaron durante todo el proceso a lxs integrantes de la lof. Entre mates, abrazos y expresiones de apoyo y acompañamiento, transcurrieron horas decisivas, mientras lxs niñxs, hijxs de integrantes de la lof -que también cumplieron prisión junto a sus mamás entre 2022 y 2023-, jugaban alrededor de lxs adultxs. 

Se vivieron momentos de bronca y angustia entre lxs presentes cuando Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Celeste Ardaiz Guenumil, Matías Santana y la machi Betiana Colhuan Nahuel tuvieron la posibilidad de decir sus palabras finales y reflexiones sobre el juicio que reconocieron como “plagado de injusticias”. Todxs hicieron énfasis en las desigualdades del proceso y le dijeron al juez Silva que tenía en sus manos “una decisión histórica”. 

Luciana Jaramillo fue la primera en hacer uso de la palabra. Se expresó primero en mapuzugun y luego manifestó:

“Nosotros, acusados de usurpar nuestra propia tierra, vamos a seguir sosteniendo que la nuestra es una lucha digna e independientemente de lo que suceda, nuestro pueblo va a continuar luchando”.

Luciana continuó su relato, pero fue interrumpida por el juez Silva, quien señaló que no era el momento para ese tipo de expresiones, porque se estaba repitiendo con la declaración indagatoria. “Tiene que hacer una reflexión sobre el juicio: si fue justo o no, si fue arbitrario…”, expresó. A lo que Luciana respondió: “Señor juez, eso es lo que yo entiendo que pasó en este juicio. Si nos condenan, será una condena política y no basada en pruebas judiciales, como aquí quedó demostrado. Lejos de victimizarnos, nosotros hemos venido a decir nuestra verdad”.

Romina Rosas, quien tuvo que atravesar el parto de una de sus hijas mientras estaba privada de su libertad en 2022, fue la segunda oradora y comenzó resaltando que estaba muy indignada:

“Este juicio para mí fue un nuevo atropello a nuestra identidad, a nuestro pueblo. No respetaron a nadie, ni siquiera a nuestros niños en ninguna instancia de este proceso”. Además, recordó: “Es una comunidad en donde hubo un muerto: Rafael Nahuel y eso no tiene peso para este juicio. Esto es realmente una vergüenza”. 

A su turno, Celeste Ardaiz Guenumil también reforzó los abusos y avasallamientos que sufrieron: “Siguen violando nuestros cuerpos, nuestros hijos y nuestros territorios. Exigimos que nuestra machi vuelva a su rewe y que nuestras infancias puedan vivir libres en nuestro territorio sin extractivismo. No nos pueden condenar por defender la vida”.

Matías Santana, quien cumplió ocho meses de prisión en la cárcel federal de Esquel y luego arresto domiciliario mientras se desarrolló el juicio, expresó: “En todo este tiempo de proceso investigativo no lograron mostrar ni una prueba concreta para las acusaciones infundadas que nos hacen”. Y terminó su exposición diciendo: “Nosotros ya fuimos declarados culpables de antemano, porque somos la mano de obra barata de las ciudades, los mapuche vivimos en la marginalidad desde que nos despojaron y expulsaron. Volver a los territorios no es delito”. 

La machi Betiana fue la última en hablar y cerró la instancia de palabras finales.

«Soy hija de la naturaleza, la razón de mi existencia es defender el territorio y las plantas medicinales junto a mi gente mapuche. Soy descendiente de todas las machis que mataron”, dijo. Además, Betiana exigió que se termine la persecución a la comunidad y se devuelva el rewe y “que se cumplan todos los tratados internacionales sobre derecho indígena, por tratarse de un pueblo preexistente”.

Luego de un cuarto intermedio, tras dos horas y media de incómoda espera, el juez Silva dio su veredicto, leyendo presurosamente y sin interrupciones un texto lleno de tecnicismos jurídicos, en donde detalló las condenas de cada unx de lxs integrantes de la lof.

Recapitulando

Este es el segundo juicio penal al que se enfrenta la comunidad Lafken Winkul Mapu en el lapso de menos de un año. Tanto las querellas -Administración de Parques Nacionales y un particular- como la fiscalía, acusaron a integrantes de la lof del delito de usurpación por despojo. El hecho denunciado, tanto en este juicio como en el del 2024, se enmarca en el mismo proceso de recuperación y vuelta al rewe que inició la comunidad en 2017. En noviembre de ese año, la lof fue reprimida por primera vez, y en este contexto fue asesinado Rafael Nahuel por personal de la Prefectura y grupo Albatros. Una segunda intervención de las fuerzas fue la que llevó a cabo el desalojo el 4 de octubre del 2022, caracterizada -al igual que la primera- por una extrema violencia por parte de las fuerzas represivas. En esta ocasión, fue creado un comando unificado, que habilitó el accionar excepcional de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este despliegue concluyó con la detención de siete mujeres mapuche junto a sus hijxs, quienes fueron sometidas a tratos inhumanos, imposibilidad de comunicación, vejaciones, humillación, y maltrato, como pudo escucharse en sus testimonios durante el juicio. Cuatro de ellas estuvieron en prisión domiciliaria durante ocho meses. 

El megaoperativo fue la respuesta estatal frente al delito atribuido a integrantes de la comunidad de “usurpación por despojo”. Este delito, en el ámbito del derecho, es considerado leve en tanto las penas previstas por el código penal no superan los tres años de prisión y no requieren que su cumplimiento sea efectivo. Es decir, la pena no implica la necesaria privación de la libertad sino el establecimiento de pautas de conducta, especificadas en cada sentencia. A pesar de esto, las denuncias penales por usurpación son la principal herramienta que utilizan tanto el Estado como los privados para perseguir y judicializar los conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas.

La mayoría de estos procesos judiciales desconocen las legislaciones existentes en relación al derecho indígena, priorizando el derecho a la propiedad privada por sobre otros derechos constitucionales y tratados internacionales que Argentina ha ratificado. 

Al mismo tiempo, la judicialización de los conflictos no permite la búsqueda de soluciones en espacios que promuevan el diálogo y real entendimiento. Vale recordar que durante los meses en que mujeres de la comunidad estuvieron presas -fines del 2022 hasta junio del 2023- se conformó una mesa de diálogo con la participación de representantes de los gobiernos nacional y provincial (Río Negro), integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y de otras comunidades mapuche tehuelche de Río Negro, Neuquén y Chubut, y organismos de derechos humanos -en el rol de veedores-. En junio del 2023 se firmó un acta acuerdo en el que el gobierno reconoció al rewe como sitio sagrado de la comunidad y se comprometió a generar una cesión de uso de ese espacio para el desarrollo de las prácticas espirituales y medicinales de la machi Betiana y las comunidades. Al mismo tiempo, la lof aceptó ser reubicada en otro espacio territorial. El acuerdo buscaba ser una forma de resolución de conflicto alternativo a la vía judicial. Sin embargo, no se cumplió y se reactivaron las causas judiciales en 2024. Esto da cuenta de cómo se desdibuja el rol del Estado como interlocutor político, al buscar soluciones a conflictos sociales complejos en espacios judiciales, circunscribiéndolos al lenguaje jurídico. 

La situación de la lof Lafken Winkul Mapu tuvo a lo largo de estos años numerosos momentos críticos y sigue siendo compleja. Las múltiples represiones y la judicialización del conflicto hicieron que se convirtiera en un caso significativo. Actualmente, si bien terminó el  juicio, la persecución y estigmatización a lxs integrantes de la comunidad continúan. Un ejemplo de esto es la detención por parte de la policía rionegrina de Matías Santana, 48 horas después de la finalización del juicio, en dos oportunidades. Matías fue condenado a una pena de prisión en suspenso, por lo tanto, el día de la sentencia ordenaron su inmediata libertad. Sin embargo, la policía argumentó que tenía un pedido de captura vigente. En ambas situaciones tuvieron que liberarlo al instante, tras corroborar que se había ordenado su libertad horas antes. 

Matías había decidió “estrenar su libertad” otorgando una entrevista para Radio Autónoma Piuke, una una radio comunitaria del “alto” de Bariloche, en donde contó los atropellos que tuvo que atravesar mientras estuvo detenido en Esquel y las injusticias e inconsistencias del juicio. Además, denunció que la comunidad sigue sin poder ejercer su derecho territorial y sin tener acceso pleno al rewe, un espacio ceremonial y espiritual imprescindible para el desarrollo de las actividades de la machi, que involucran no sólo a la comunidad, sino a todo el Pueblo Mapuche.