Por: Carolina Crespo, Ana Ramos, Aymará Barés y Ayelén Fiori
El 5 de enero de 2026 se desata un incendio feroz en Puerto Patriada, paraje y balneario de la localidad de El Hoyo, dentro de la Comarca Andina del Paralelo 42° en la provincia de Chubut. No es la primera vez. Valtriani (2008) registra el primero del siglo XX en Patriada ‒cómo se la conoce popularmente– en 1902, luego en 1909, 1917, 1924, 1944, 1960, 1963, 1973, 1979, 1987, 1998 y 2004. Se agregan a su lista el de 2012, 2015 y 2026.
Arboles incendiados como parte del paisaje de Patriada. Fotografía de Carolina Crespo.
Ahora bien, los incendios en Patriada no fueron los únicos de la Comarca. La memoria local resguarda una larga historia de incendios y, en particular, la voracidad que han tenido desde 2020. Un hecho que, en la región, encontró consenso en la siguiente explicación: la existencia de un cúmulo de pinos que tiene años de abandono por parte de la política pública. Esto es enfáticamente cierto para el paraje de Patriada. Allí, la asociación entre incendios, pinos y abandono está viva en las experiencias y emociones de sus pobladores. Por eso, frente a las llamas que amenazaban poner en peligro sus vidas, casas, animales, huertas, historias, territorio y afectos, una parte de la población de Patriada se evacúa en El Hoyo. Saben, desde hace años, que Puerto Patriada es una “bomba de tiempo” por las condiciones del ambiente –temperaturas altas, escasez de lluvias y nieves, crisis hídrica generada por la implantación de pino–y la histórica falta de política pública de prevención. De ahí que, un pequeño fuego encendido rápidamente se desmadra.
Los pobladores de la zona alcanzan a llevarse unas pocas pertenencias a cuesta y la esperanza ‒última en perderse‒ de que el viento no desparrame el fuego. Pero con el caer de la tarde, caen, también, sus ilusiones: “Se nos quemó todo. No quedó nada del campo. Mañana subo a ver qué quedó”, cuenta lamentándose con profunda tristeza una de las integrantes de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel. En tan solo horas, los caballos de la familia están calcinados, las casas destruidas, la vegetación, el bosque y los pinos totalmente incinerados, y el incendio se propaga incontrolable a otras localidades.
Fotografía difundida por la comunidad Pulgar Huentuquidel
Hace tiempo que escuchamos que “Todo incendio es político”. Lo afirman, una y otra vez, quienes lo asocian a intereses económicos y cuestionan la ausencia de políticas públicas en materia de prevención y manejo del fuego. Desde ya, fuego e incendio no son términos equivalentes. Tienen diferentes significaciones e implicancias culturales, políticas y económicas en el tiempo y según las trayectorias de los sujetos. Por definición, un incendio es un fuego que se escapó de control destruyendo todo a su paso. Pero, ¿hay algo que esta amenaza incontrolable construye?; ¿qué puede controlarse a través de los incendios? Necesitamos hablar de Patriada. Repasar a través de archivos, paisaje y memorias, su trayectoria en el tiempo… revisar sus disensos, sus políticas y aquello que, como efecto de los incendios o mediante ellos, se ha buscado controlar y producir.
Primer control: Los secretos de un “bosque” que no es bosque
Puerto Patriada se ubica en la margen norte del Lago Epuyén, a 14 km aproximadamente del centro de El Hoyo. Desde 1980, este balneario fue incorporado dentro del circuito turístico y, actualmente, es visitado por una gran cantidad de turistas durante el verano. Se publicita como un “paisaje de ensueño”, “un majestuoso bosque andino–patagónico”, “una belleza natural, tanto en flora como en fauna” y “un recreo para la vista y el alma”. Las frases esconden aquello que las imágenes en el camino impiden ocultar. Un paisaje cubierto de un manto sobreabundante de pinos de diferentes tamaños, residuos y ruinas de una política de industrialización forestal implementada en la zona. Y entre ellos, banderas y carteles de reivindicaciones territoriales mapuche en litigio, que informan el proyecto civilizatorio y las experiencias de despojo que esa política impulsó (Crespo, 2022).
Territorio de la Comunidad Pulgar Huentuquidel. Fotografía de Carolina Crespo.
Hacia principios del siglo XX, la zona estaba ocupada por familias de apellidos mayormente indígenas, sobrevivientes del genocidio y la expropiación territorial promovida en Patagonia desde fines del siglo XIX. Vivían de las actividades agrícolas y ganaderas, en campos abiertos dentro de un bosque de cipreses, radales, coihues, etc. No tenían títulos territoriales. El Estado argentino, sesgado por una visión nacionalista y racista que omitía la adscripción indígena, clasificó durante años al pueblo mapuche como “chileno” y, dado que, en este espacio de frontera, regía la ley de “Zona de Seguridad Nacional” que impedía otorgar títulos a extranjeros, les denegó el dominio territorial (Decreto Ley N° 15.385/44).
A partir de la provincialización de Chubut, en el año 1958, el paisaje y la vida en esta zona comienza a transformarse. Al igual que en otras regiones de la cordillera patagónica, entre los años ‘60 y ‘80, agencias estatales en articulación con privados, promueven una política de desarrollo forestal basada en la tala rasa del bosque nativo y su reforestación por especies de pinos. La política se basaba en la afirmación de que estas especies de pino, provenientes del hemisferio norte, eran económicamente más rentables, promoverían la “modernización” de la región y permitirían salir de la pobreza. La concreción de este proyecto tuvo, no obstante, características diferenciales en Patriada. La política se formuló como una forma de industrialización, pero también de preservación ambiental. Los incendios ‒en especial, el de 1963‒, funcionaron como justificativos para declarar a la zona ‒en 1964‒ “Reserva Forestal Cuartel Lago Epuyén”, y concesionar su explotación a una empresa privada durante décadas. Según los informes técnicos, este nuevo control y reordenamiento de este espacio, amenazado por constantes incendios, permitiría mitigar la degradación y desertificación ambiental que atribuían a las prácticas ganaderas de sus habitantes. La explotación de todo el bosque en la Reserva se concesionó a la Sociedad Anónima Forestal de Epuyen (SAFE) para la fabricación de aglomerados. Su dueño era un militar retirado, llamado Ramón de Errasti, que ya tenía un aserradero en Epuyén y, gracias al volumen de superficie adquirida para su explotación, se constituyó en la empresa forestal más grande de la región. Pero, además, la política forestal se inscribía en un proyecto “civilizatorio”: disciplinar cuerpos, nacionalizar fronteras, borrar los conocimientos y visiones de mundo distintas al proyecto nacional y reemplazarlos por una conciencia patriótica. De Errasti asumió esta tarea. Se constituyó en autoridad patronal de la “indiada” ‒como dicen los ex trabajadores‒ y llevó adelante prácticas de Estado. Construyó caminos, encarnó la observancia del cumplimiento de las normas estatales en la zona, creó una escuela hogar en Epuyén para los hijos de los trabajadores, organizaba asados para los obrajeros en las fechas patrias y católicas, y fue quien bautizó a esta región “Puerto Patriada”. Quienes trabajaron en SAFE recuerdan que, a través del miedo y de una actitud paternalista, Ramón de Errasti impuso una nueva organización del trabajo y el ocio, promovió la incorporación de quienes allí residían en los valores del proyecto nacional y modificó la cotidianeidad y el vínculo con el territorio, en base a promesas de “progreso” nunca finalmente cumplidas (Crespo, 2018, 2023).
En efecto, con la forestación de pinos, los espacios abiertos de uso común para pastoreo y recursos del bosque fueron alambrados. El territorio fue despojado total o parcialmente para su forestación. Impedidos de desarrollar la práctica ganadera y con un territorio reducido o bien extraído en su totalidad, los pobladores quedaban como mano de obra libre para ser contratados en el duro trabajo a destajo que imponía el aserradero. Las comunidades indígenas de la zona definen a este período de cercamientos ‒que se extiende aproximadamente entre los años ‘70 y ‘80‒ como una época de despojos legalizados, engaños, daños morales y desplazamientos impuestos.
En los años ‘90 SAFE se declara en quiebra. La reforestación de la región nunca remedió el problema de los incendios. El gran incendio de 1987 y otros posteriores contribuyeron a propagar las semillas de pinos que invadieron la zona, erosionando, acidificando y desertificando los suelos, afectando y reduciendo la diversidad de la flora y la fauna, disminuyendo la cantidad y calidad del agua; pero, también, modificando la ecología del fuego. Sin ningún tipo de manejo de aquella forestación, el crecimiento descontrolado de pinos volvió a la madera poco redituable en el mercado, y, sobre todo, más inflamable a la región, con el gravamen de serios problemas de acceso al agua (Raffaele et al., 2018). Ironías del desarrollo, aquello que se había justificado como una forma de prevención del bosque devino en su propio combustible.
Renuevos de pinos luego de los incendios. Fotografía de Carolina Crespo
En estos últimos años, la política provincial tuvo un accionar errático respecto a la degradación ambiental de Patriada. Varios funcionarios y técnicos de la institución provincial que regula el manejo de los bosques reconocen el “error técnico” cometido y los efectos nocivos que tuvo aquella política en términos de conservación ambiental, no así la expropiación territorial y la dinámica colonialista que la sustentaban. Hacia el 2013, el área se incluye dentro de la red del Observatorio Nacional de Degradación y Desertificación de Tierras. Se ensayaron pequeñas parcelas con plantación de especies nativas, pero los pinos siguieron abandonados a su suerte, creciendo y alcanzando un tendido eléctrico deficientemente mantenido, en un contexto de sequía, aumento exponencial de residentes y de visitación turística, lo que tornó aún más riesgosa la vida en el paraje.
En 2010, algunas familias indígenas que reclamaban hacía muchos años sus territorios al Estado provincial se organizan como comunidad y, frente a la ausencia de respuesta y las trampas de la burocracia, deciden reivindicar esos espacios despojados. Denuncian los efectos de la política de gobierno, la articulan con una historia de expropiaciones, desplazamientos y violencia hacia los indígenas que remontan a la eufemísticamente denominada “Conquista del desierto”, mientras afirman el lazo de pertenencia, histórico y afectivo que los une como pueblo a un territorio. Un vínculo que la comunidad Pulgar Huentuquidel selló tiempo atrás al enterrar allí la placenta de varios de sus miembros. Las familias perciben a los pinos como un “mugrerío”, residuos y huellas aún perdurables de estructuras de dominación y extractivismo territorial, ambiental y cultural.
Ruinas de la fábrica de SAFE. Fotografía de Carolina Crespo.
Segundo control. Los incendios como mecanismo de criminalización mapuche
La cantidad de turistas que estaban en el balneario al iniciar el incendio, la existencia de un único camino rodeado de fuego para la evacuación, su simultaneidad con otro incendio en Parque Nacional los Alerces y su rápida propagación al día siguiente amenazando a la población, reactivaron las denuncias de numerosos vecinos por desidia o abandono del Estado en políticas de cuidado del ambiente y de prevención y financiamiento de la ley de manejo del fuego a nivel nacional y provincial. En este marco, el gobernador de la provincia de Chubut emitió una conferencia de prensa en la que anunció el carácter intencional del fuego y la búsqueda de los culpables. En la misma, exhortó a incorporar el delito de ecocidio en el código penal y a endurecer la pena por incendios intencionales. Comunicó que la Brigada provincial había recibido una llamada anónima en la que se amenazaba prender fuego la base de la Brigada que se encuentra en el paraje Las Golondrinas y, el Ministro de Seguridad Provincial, vinculó los focos ígneos con el hallazgo de explosivos que habían aparecido esos días. Además, dejó asentado que daría una recompensa de 50 millones de pesos a quienes brindaran información.
Rápidamente, sin suficientes pruebas, diferentes funcionarios provinciales intentaron controlar la discusión pública orientando la narrativa sobre el incendio hacia la identificación de quienes lo encendieron. El 7 de enero, el Ministerio de Seguridad comunica que: “En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. El 8 de enero, el gobernador declara en la prensa sobre la presencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”. Dos días después, el fiscal general de Chubut que investiga la causa de los incendios en El Hoyo, informa en Radio Rivadavia que se había descartado la hipótesis que responsabilizaba a un “grupo radicalizado” del incendio, y se mantenían varias líneas de investigación abiertas. Sin embargo, el 12 de enero, este mismo fiscal solicita el allanamiento de la comunidad Pulgar Huentuquidel. En conferencia de prensa, argumenta que el fuego había sido iniciado por una mujer mapuche de la comunidad como forma de resolución de una disputa territorial entre sus miembros. Fundamenta esta hipótesis en imágenes registradas de dos camionetas, en las que ella y su madre, hacían “una mudanza en el medio del incendio” y deriva, de ello, un “supuesto conocimiento” de lo que iba a ocurrir. Es decir, el fiscal sostenía que, miembros de una comunidad que acababan de perderlo todo, se había autoinfligido el incendio. Como única evidencia, presentaba un conocimiento previo que, como explicamos arriba, era ya un saber adquirido y compartido en la región; y argumentaba una disputa familiar como motivo, mientras se probaba que el fuego se había iniciado a varios kilómetros del territorio de la comunidad y de cualquier potencial conflicto interno.
Si los incendios no son novedosos en esta región, menos aún escuchar a funcionarios poner en circulación acusaciones a “los mapuche” de haberlos provocado con argumentaciones débiles y sin pruebas que lo acrediten. En febrero de 2024, mientras veíamos bosques, animales y viviendas destruidas por el fuego en Epuyén y zonas aledañas, se allanaba violentamente y sin pruebas a cuatro comunidades mapuche tehuelche de Chubut y a la radio comunitaria Petü Mogeleiñ en El Maitén. En ese proceso, se imputó y detuvo a Victoria Nuñez Fernández de la lof Pillan Mahuiza. Al día siguiente, se televisó una conferencia de prensa del gobernador, en la que afirmaba la responsabilidad de los mapuche en los “ataques incendiarios”. Lo hacía, sugestivamente, en el Hotel Tehuelche, secundado a sus espaldas por una hilera de hombres de las fuerzas de seguridad encapuchados y con grandes armas, y acompañado por intendentes, fiscales, jefe de policía y otros funcionarios. Con esa imagen, que exhibía orden y control e infundía miedo, señalaba que estos “pseudomapuches delincuentes”, enemigos del winka, mal traducido como argentinos, tenían elementos que probaban su culpabilidad; entre ellos: nafta en un bidón, algo que requiere la motosierra para cortar leña; un auto que había sido visto cerca del incendio de la estancia Amancay, aunque el auto no era de la misma marca que el de la detenida, y un polígono de tiro en la lof Nahuelpan, cuyos miembros expresaban no saber qué era un polígono de tiro. A la par, sostenía tener una “convivencia armónica” con los qué nombraba como “verdaderos pueblos originarios” de la provincia.
El uso de falacias en la construcción de retóricas no es exclusivo de este gobernador. En 2021, funcionarios de Río Negro culpaban a una lof de El Foyel de los incendios en la Comarca. En 2012, un miembro de la comunidad Mapuche Francisco Monsalve Quiñe-Folil, que defendía su territorio en Puerto Patriada, fue imputado judicialmente sin pruebas por causar un incendio. Como consecuencia de la acusación, un grupo de vecinos salió a amedrentarlos en el marco de un trawn (encuentro) con otras comunidades. Si vamos más atrás, los archivos del entonces anexo Lago Puelo del Parque Los Alerces, justificaban los desalojos a mapuche tehuelche en 1938-1939, no sólo por el adeudamiento del pago de pastaje sino también por la imputación de supuestos antecedentes penales e incendiarios (Crespo, 2014).
En suma, a lo largo del tiempo, los incendios han sido utilizados para administrar territorios y ciudadanías indeseables e incómodas para el Estado y el capital. Por ello, son un punto de partida para reflexionar no solo sobre políticas ambientales, sino sobre despojos territoriales, políticas colonialistas y un racismo persistente, de muy larga data, que estas acusaciones reproducen e inflaman. La historia de Patriada es un claro ejemplo de todas estas dimensiones. Aún así, algo cambió. Los vecinos ya no creen estos cuentos… Hay algo que los incendios ya no están permitiendo controlar.
Fotografía de portada: Ana García Blaya.
Para profundizar sobre esta nota, se recomienda leer y escuchar
Carriqueo, C. (9/1/2026). “La herencia de De Errasti. Página 12.
Carriqueo, C. (17/1/2026). Entrevista en Somos Radio 530. AM. (Radio de Madres)
Carriqueo, C. (17/1/2026). Entrevista en Sur arriba
Futurock (14/01/2026): Allanamientos a la comunidad mapuche. Entrevista a Gioia Claro
Raffaele, E., Franzese, J., Pissolito, C., Ripa, R., Blackhall, M. (2018). Informe Técnico Problemática ambiental actual en la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén. Taller participativo de discusión. Mimeo.
Valtriani, A. (2008). Modelos de desarrollo forestal, sus conflictos y perspectivas en el sector de micro PYMES forestales. Estudio de caso en la región noroeste y centro de la provincia de Chubut. Tesis inédita de Doctorado en administración de empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
GEMAS 
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