El 11 de febrero del 2025 fueron violentamente allanadas casas particulares, una radio comunitaria y distintas comunidades mapuche y mapuche tehuelche de la provincia de Chubut, en un operativo conjunto entre gobierno nacional y provincial que los mismos autores definieron como “Operativo Amancay”

El despliegue de tal operativo fue violento y de una magnitud exagerada. Gente mayor (ancianos y ancianas de 80 años aproximadamente), menores de edad (niños y niñas de entre 3 y 15 años), mujeres y hombres fueron golpeados, maniatados y maltratados por distintas fuerzas de seguridad. La única evidencia con la que se pretendió justificar tales acciones y allanamientos fue la sospecha de que un vehículo perteneciente a una de las comunidades podría haber sido visto en las cercanías del lugar donde se prendieron fuego las maquinarias de la Estancia Amancay (Trevelin), el día 18 de enero del corriente año. Aquella débil evidencia –y el andamiaje de prejuicios, asociaciones y presuposiciones arbitrarias en la que se la encuadró– fue refutada con contundencia horas después del allanamiento. Sin embargo, los gobiernos provincial y nacional ya habían producido un montaje comunicacional (donde acusaron y criminalizaron públicamente a comunidades y personas sin pruebas ) y consumado un atropello desmedido dejando secuelas materiales, anímicas y psicológicas irreversibles.

A continuación, reunimos algunos de los videos y audios públicos de quienes sufrieron los atropellos y violencias con el propósito de mostrar y visibilizar los testimonios de las personas perjudicadas.

Allanamiento Lof Pillan Mawiza

Allanamiento Radio comunitaria Petu Mogeleiñ

Allanamiento Lof Catriman Colihueque

Allanamiento Lof Cañio

Allanamientos en Lof Nahuelpan

Estos testimonios no solo cuentan la afectación más emotiva, sino también sus preocupaciones por un allanamiento en el que no tuvieron testigos (excepto los proporcionados por la policía).

En su twitter del día 12 de febrero, el gobernador anunció “Luego de doce allanamientos en distintas localidades cordilleranas, la Policía del Chubut, en conjunto con la Policía Federal, detuvo a los responsables del ataque con bombas molotov a la Estancia «Amancay», ocurrido el pasado 18 de enero, que puso en serio riesgo la seguridad de los vecinos de la región.” Estos testimonios dan cuenta de cómo un trapo manchado con gasoil o un bidón de nafta (presentes en cada una de las casas de campo en toda la provincia, puesto que es utilizado para cortar leña, hacer andar maquinarias, como combustible de calefacción, como reserva para la movilidad en lugares alejados) de pronto deviene en el discurso un “acelerante del fuego” y, en un salto ilógico del argumento oficial, en una “bomba molotov”. 

Además de los sufrimientos de las personas afectadas por el allanamiento (mayormente menores de edad y ancianos/as), estos testimonios alertan sobre otra preocupación: la falta de fundamentos con la que un gobernador, elegido por voto democrático, puede determinar la culpabilidad de los ciudadanos sin procedimientos jurídicos que lo avalen (ver el siguiente enlace). Así como también la impunidad con la que conectan esas acusaciones infundadas con los incendios. Por ejemplo, cuando la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich dice en una conferencia de prensa junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck el 11 de febrero, “vamos a ser implacables con aquellos que incendian, que hacen terrorismo” – “para ellos va a caer todo el peso de la ley y vamos a llevar adelante nuestra consigna el que las hace las paga» .»Incorporamos un agravante por intimidación al gobierno, para que los grupos terroristas pseudomapuches que usan el fuego como amenaza paguen con años de prisión».

Es un práctica ilegal de racismo institucional reunir en un mismo texto referencias a los incendios, al terrorismo y a los mapuche (nombrados despectivamente como «pseudomapuches»). La carga simbólica de estas construcciones se usa para habilitar prácticas represivas y antidemocráticas contra familias y comunidades mapuche, apelando a la ficción racista de un enemigo interno amenazante. En este caso, al asociar los incendios en Patagonia con el terrorismo se desvía la mirada de los asuntos urgentes, y los responsables de inoperancia y/o ocultamiento sobre las razones del desastre ambiental quedan ocultos en una fábula de peligros, delincuentes, bandas criminales y respuestas punitivas. Además, no se diferencia entre incendios intencionales, accidentales, (provocados por distintos descuidos) o causados por cuestiones ambientales como la sequía, las plantaciones de pino, o el exceso de turismo en los senderos. Es decir que este tipo de narrativas refuerza la criminalización sin abordar el trasfondo social, político y ambiental de los incendios, inventando que fueron «los» mapuche.

Al ver las imágenes  y escuchar los relatos alentamos a no naturalizar o acostumbrarnos a estos actos de racismo y violación de derechos, y a animarnos a preguntamos si los gobiernos provincial y nacional (con sus respectivos representantes y agentes gubernamentales) no están poniendo en riesgo la institucionalidad de un estado de derecho.

Ver también el siguiente ensayo del Gemas «La falacia como argumento represivo. Los allanamientos a las comunidades mapuche en la provincia de Chubut»